A ocho días de la Marcha Federal Universitaria, los reclamos seguirán este miércoles en La Plata con una marcha de antorchas.
El Frente Gremial que integran los docentes de Adulp, nodocentes de Atulp y estudiantes de la Fulp, realizarán este miércoles 7 de octubre una marcha de antorchas para profundizar su reclamo contra el Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización se da en el marco de un nuevo paro sin concurrencia a los puestos de trabajo de los nodocentes, por lo que la mayoría de los establecimientos atravesarán problemas para su normal desarrollo. La medida impactará en facultades, colegios preuniversitarios y colegios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
La protesta de los nodocentes se convocó después de la huelga de tres días que el gremio llevó adelante durante la semana previa. Fue en todo el país, con importante acatamiento, y luego que la Justicia volviera a intimar al Gobierno para que cumpla con la actualización de los salarios de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La marcha de antorchas comenzará a las 17 frente al edificio de Presidencia, en 7 entre 47 y 48, y vuelve a reunir a los tres sectores centrales de la comunidad universitaria detrás de una agenda común. Y quedará apenas ocho días antes de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15.
De acuerdo a los gremios, si administración de Javier Milei cumple con el fallo judicial se produciría una recomposición salarial del 33,4%. Frente a esta exigencia, las representaciones gremiales rechazaron la propuesta del Gobierno de otorgar un incremento del 3% por considerarla insuficiente.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario.
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