El caso fue presentado y juzgado durante la dictadura como un siniestro vial en el que una camioneta embistió el auto en el que se movían las víctimas por la ruta 9, pero aquella sentencia, dictada en 1978, fue anulada en 2023.
En el marco de la causa que investiga la muerte por causa dudosa de quien fuera Obispo de San Nicolás de los Arroyos, Carlos Horacio Ponce de León, este jueves se tomarán las declaraciones indagatorias de Luis Antonio Martínez -conductor del vehículo que embistió al prelado- y de Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado.
Las audiencias habían sido postergadas hasta el 24 de noviembre por una licencia del juez Carlos Alberto Vera Barros, lo que había ocasionado el reclamo de celeridad de organizaciones y referentes religiosos y de Derechos Humanos. Ambos imputados tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.
De acuerdo con el diario El Norte de San Nicolás, la Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como posible asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura, luego de que Ponce de León denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en Argentina.
Una reconstrucción realizada digitalmente que permitió simular la mecánica del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la Ruta 9, los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado y las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado, fueron clave para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que en su momento había cerrado el caso el 19 de julio de 1978 en el expediente N° 1858 “Martínez, Luis Antonio S/ Homicidio y lesiones culposas”.
El requerimiento de instrucción fue formulado en 2004 en razón del conocimiento que se tomó del contenido de la declaración brindada por Víctor Oscar Martínez (el acompañante de Ponce de León el día del incidente investigado) ante la Conadep, oportunidad en la que manifestó que la muerte del prelado había sido producto de un obrar doloso pergeñado por parte de la dictadura y no a causa de un accidente automovilístico como hasta ese momento se pensaba. Así, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación inició un largo camino de investigaciones en torno a la hipótesis del homicidio premeditado.
El presidente de la Confederación Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se manifestó días atrás luego de que se postergaran las indagatorias para noviembre. “Ruego a Dios para que la Justicia realice su tarea con honestidad y veracidad y que en atención al tiempo que ha transcurrido y a la urgencia de alcanzar la verdad en el pleno cumplimiento de la ley, no se produzcan dilaciones que alejen el pleno esclarecimiento de lo acontecido”, sostuvo mediante una carta.
Ya en junio de 2025 una comitiva había viajado de San Nicolás a Rosario -donde tramita el expediente actualmente- para entregar al Tribunal de Apelaciones una carta con 400 firmas, pidiendo por la necesidad urgente de celeridad en la investigación sobre la muerte del obispo.
El caso fue presentado y juzgado durante la dictadura como un siniestro vial en el que una camioneta embistió el auto en el que se movían las víctimas por la ruta nacional N° 9, pero aquella sentencia, dictada en 1978, fue anulada en 2023 porque la investigación desarrollada por la fiscalía logró demostrar que se trató de un atentado contra Ponce de León, quien al momento de los hechos venía de denunciar en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina.
La colisión se produjo el 11 de julio de 1977, a la altura del kilómetro 212. Ponce de León conducía un automóvil Renault 4S, que chocó una camioneta Ford F-100. El prelado falleció producto del impacto, mientras que su acompañante, Víctor Oscar Martínez, resultó gravemente herido.
Como informó Agencia DIB en su momento, la jueza Élida Vidal apuntó que “el caudal probatorio resulta suficiente y determinante para sustentar la convocatoria a declaración indagatoria” de los acusados. La magistrada repasó la acusación de la fiscalía respecto de cada uno de ellos y puso de relieve que:
De acuerdo con el sitio Fiscales, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario reafirmó en su resolución que el obispo había sido objeto de seguimientos y blanco de amenazas reiteradas, incluso emitidas por las propias autoridades militares de San Nicolás, con el objeto de que se apartara de la diócesis local, puesto que representaba una amenaza para la estructura represiva instrumentada bajo el Área Militar 132, en lo que denominaban “lucha contra la subversión”.
Fuente: Agencia DIB
