Lo decidió la jueza federal María Servini, basada en la “falta de mérito” de estas personas. Sobre los demás, la magistrada aseguró que consta “evidencia fílmica y fotográfica” de su participación en los “desmanes” mientras se discutía en el Senado la Ley Bases.
Noticias 15/06/2024
Luego de concluir las indagatorias que había iniciado el jueves y continuaron este viernes, la jueza federal María Servini ordenó la libertad de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso por la Ley Bases. Rechazó la excarcelación de otros 16 detenidos.
La magistrada se basó en la “falta de mérito” para otorgarles la libertad a la mitad de los aprehendidos, pero denegó el mismo beneficio para el resto, ya que hay “evidencia fílmica y fotográfica” sobre su responsabilidad en los desmanes ocurridos el miércoles pasado.
Entre los retenidos está Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención.
Servini había indagado en las últimas horas a todos los arrestados, y los incriminó de haber atentado contra el orden constitucional.
La jueza aceptó la calificación que había propuesto el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a los reos de diversas infracciones, desde “lesiones” hasta “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”.
Los liberados
Más temprano referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado la “inmediata liberación” de los detenidos durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.
Los liberados por la jueza son Sofía Belén Ottogali; Gonzalo Duro; Martín Di Roco; Mateo Latorre; Germán Moyano; Fernando Klaus Leone; Ricardo Sleme; Diego Iturburu; Román Méndez; Luis de la Vega; Nora Longo; Mía, Belén y Ramón Ocampo; Matías Ramírez; Santiago Adano, y Brian Ortiz.
Denuncias
La vicepresidenta Victoria Villarruel -quien debió desempatar para que se apruebe la Ley Bases el día de los disturbios-, presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera “un ataque contra el ejercicio democrático”.
Villarruel se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos acaecidos “no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión”, y en ese sentido culpó a sectores vinculados al kirchnerismo.
En tanto, el legislador porteño Yamil Santoro había denunciado por “terrorismo” a los implicados en los disturbios.
En el escrito Santoro explicó que la denuncia es por la posible comisión de los “delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo”.
La gestión de Javier Milei busca "asistir a los damnificados de manera directa, proporcional, y sin intermediarios".
Lo dispuso la jueza porteña Karina Andrade. Francos apuntó contra agrupaciones de izquierda, algunos sindicatos, organizaciones sociales y el kirchnerismo.
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